{"id":11677,"date":"2020-04-25T11:10:32","date_gmt":"2020-04-25T09:10:32","guid":{"rendered":"http:\/\/fmsb.disstintbeta.com\/2020\/04\/25\/responsabilidad-patrimonial-estado-covid19\/"},"modified":"2020-04-25T11:10:32","modified_gmt":"2020-04-25T09:10:32","slug":"responsabilidad-patrimonial-estado-covid19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmsb.eu\/de\/2020\/04\/25\/responsabilidad-patrimonial-estado-covid19\/","title":{"rendered":"\u00bfEs responsable patrimonialmente el Estado por los da\u00f1os y perjuicios causados por el Covid-19?"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

\u00bfES RESPONSABLE PATRIMONIALMENTE EL ESTADO POR LOS DA\u00d1OS Y PERJUICIOS\u00a0 CAUSADOS POR EL\u00a0 COVID-19, TANTO EN EL \u00c1MBITO F\u00cdSICO COMO MATERIAL?<\/strong><\/a><\/p>\n

Es un hecho que nos encontramos ante una pandemia a nivel mundial.\u00a0 Esto significa \u2013en un plano muy superficial\u2013 que la responsabilidad p\u00fablica y patrimonial quedar\u00eda, a priori, excluida si fuera calificable de caso de fuerza mayor, sin perjuicio de las observaciones que haremos a continuaci\u00f3n. Tambi\u00e9n es un hecho, que no podemos obviar, que la Administraci\u00f3n no es la responsable del elemento esencial que causa el da\u00f1o, esto es, el virus covid-19. Podr\u00e1 haber agravado las consecuencias, pero el nacimiento del virus no es imputable a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n

Veamos en primer lugar qu\u00e9 determina la normativa sobre el tema que planteamos.\u00a0 Conforme recoge la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/em><\/a>, los particulares tienen el derecho a ser indemnizados por las Administraciones P\u00fablicas, de toda lesi\u00f3n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,\u00a0 siempre que la lesi\u00f3n sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p\u00fablicos salvo en los casos de fuerza mayor o de da\u00f1os que el particular tenga el deber jur\u00eddico de soportar de acuerdo con la ley.<\/p>\n

La \u201cfuerza mayor\u201d se ha conceptuado jur\u00eddicamente como todo acontecimiento imprevisible o que, siendo previsible, hubiera resultado inevitable.\u00a0 A\u00f1ade el art\u00edculo 35 del mismo texto normativo\u00a0 que:\u00a0 „No ser\u00e1n indemnizables los da\u00f1os que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar seg\u00fan el estado de los conocimientos de la ciencia o de la t\u00e9cnica existentes en el momento de producci\u00f3n de aqu\u00e9llos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o econ\u00f3micas que las leyes puedan establecer para estos casos<\/em>„.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n que de inmediato se suscita es, si los efectos del coronavirus pudieron haberse previsto por el gobierno espa\u00f1ol (cuyo Ministerio de Sanidad tiene atribuidas plenas competencias en caso de una pandemia en aplicaci\u00f3n de la Ley 33\/2011 de 4 de Octubre, General de Salud P\u00fablica<\/em><\/a>) y si adopt\u00f3 o no las medidas precisas con la antelaci\u00f3n suficiente. La respuesta a estas preguntas, probablemente, determinar\u00e1 si son procedentes o no las reclamaciones que -a buen seguro- se presentar\u00e1n en un pr\u00f3ximo y cercano futuro. En caso de una respuesta afirmativa a las mismas, podr\u00eda determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo \u00e9ste indemnizar los da\u00f1os y perjuicios irrogados a los perjudicados.<\/p>\n

Es un hecho que pa\u00edses como Grecia, Portugal est\u00e1n sufriendo la pandemia de una manera muy tangencial con apenas fallecidos, precisamente por adoptar medidas con la previsi\u00f3n suficiente. En Espa\u00f1a, por el contrario, a juzgar por la informaci\u00f3n que se ha puesto de manifiesto en prensa oficial, informes de expertos m\u00e9dicos, epidemi\u00f3logos, etc.,\u00a0 parece que es constatable cuanto menos una\u00a0 inacci\u00f3n o reacci\u00f3n muy tard\u00eda frente a la propagaci\u00f3n del virus. Esa reacci\u00f3n tard\u00eda, especialmente en su fase inicial, pudo contribuir o contribuy\u00f3 a su importante agravamiento con consecuencias fatales, como vemos a diario. Hechos como la\u00a0 existencia de informes de expertos que alertaban de la alta contagiosidad del virus, el fomento de manifestaciones de calado social a pocos d\u00edas de declarar el estado de alarma, el conocimiento\u00a0 de un precedente pr\u00f3ximo geogr\u00e1ficamente como Italia y otros pa\u00edses como China, origen del virus, la pasividad en la compra y el aprovisionamiento de material sanitario para proveer a los centros\u00a0 hospitalarios para combatir el virus, la falta de realizaci\u00f3n de test masivos para aislar a los afectados y evitar su propagaci\u00f3n y colapso… etc., han contribuido a confirmar que existen razones suficientes y con fundamento para poder exigir responsabilidad patrimonial al Estado por negligencia omisiva.\u00a0 En mi opini\u00f3n, esta negligencia, para dar lugar a responsabilidad indemnizable, deber\u00e1 ser\u00a0 calificada de grave, notoria y, en especial medida, causante del agravamiento del da\u00f1o. En qu\u00e9 porcentaje ha agravado el da\u00f1o esa inacci\u00f3n, y si es suficiente para imputar y condenar a la Administraci\u00f3n, ser\u00e1n cuestiones que se deber\u00e1n tratar de manera individualizada, caso por caso, y valorando todas las pruebas\u00a0 en su conjunto.<\/p>\n

El supuesto m\u00e1s evidente, a mi juicio, de responsabilidad de la Administraci\u00f3n es, sin duda, lo ocurrido con el personal sanitario.\u00a0 Este colectivo\u00a0 ha padecido en primera persona la infecci\u00f3n del virus por la falta o escasez de medios de protecci\u00f3n para desarrollar la prestaci\u00f3n asistencial sanitaria. La falta de EPIs, mascarillas, guantes, as\u00ed como el suministro de material en mal estado, ha provocado multitud de contagios y, desgraciadamente, fallecimientos de sanitarios por su exposici\u00f3n al virus.\u00a0 No disponer de equipos y\u00a0 medios necesarios para realizar su trabajo en condiciones exigibles de seguridad tiene probablemente una relaci\u00f3n directa con el n\u00famero de personal infectado y de fallecidos en ese colectivo. Ello puede dar lugar a infracciones y peticiones indemnizatorias\u00a0 en el \u00e1mbito laboral e incluso penal, al poner en riesgo la vida y seguridad del personal sanitario. No olvidemos que Espa\u00f1a es el pa\u00eds que lidera el ranking de\u00a0 profesionales de la sanidad contagiados.<\/p>\n

Respecto a los afectados (no sanitarios) a\u00f1adir que esta responsabilidad no entiendo\u00a0 que se pueda hacer extensiva en general a los facultativos que hayan intervenido o asistido a los pacientes, pues no estamos ante una mala praxis m\u00e9dica<\/strong> sino ante una exclusiva falta de previsi\u00f3n y falta de medios\u00a0 imputable a una deficiente gesti\u00f3n del Estado, como ya hemos apuntado, como causa probable del agravamiento del resultado.<\/p>\n

Los Tribunales competentes en esta materia sobre la responsabilidad p\u00fablica de la Administraci\u00f3n ser\u00e1n los de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, pudiendo rese\u00f1ar pronunciamientos a favor del administrado frente a la Administraci\u00f3n en supuestos de inobservancia de protocolos de desinfecci\u00f3n, normas de higiene, esterilizaci\u00f3n de\u00a0 centros sanitarios p\u00fablicos asistenciales, etc. No obstante, los\u00a0 criterios son ciertamente restrictivos debiendo quedar patente y de forma clara la responsabilidad de la Administraci\u00f3n. La casu\u00edstica ser\u00e1 ampl\u00edsima y, sin duda, nos encontraremos con pronunciamientos dispares, favorables y desfavorables. En mi opini\u00f3n, existen pues elementos suficientes para promover la demanda de responsabilidad patrimonial, m\u00e1xime si tenemos en cuenta el hecho objetivo de las estad\u00edsticas de fallecidos por mill\u00f3n de habitantes en los pa\u00edses donde el virus est\u00e1 m\u00e1s implantado. Pues bien, desgraciadamente, tambi\u00e9n en esto Espa\u00f1a lidera esa clasificaci\u00f3n.<\/p>\n

Por otra parte, en relaci\u00f3n a\u00a0 los negocios, industrias\u00a0 que se han visto afectados por el Decreto de estado de alarma, nos planteamos si es viable la reclamaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por los perjuicios econ\u00f3micos derivados de\u00a0 la paralizaci\u00f3n forzosa de su actividad. Aparte de las normas citadas,\u00a0 la Ley Org\u00e1nica 4\/1981, de los estados de alarma, excepci\u00f3n y sitio<\/em><\/a>, en su art\u00edculo 3 p\u00e1rrafo 2\u00ba, dispone que\u00a0 „Quienes como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, da\u00f1os o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes<\/em><\/strong>„.<\/p>\n

Si bien la norma ampara esa reclamaci\u00f3n, la Ley 33\/2011 de 4 de Octubre, General de Salud P\u00fablica<\/em><\/a>, en su art\u00edculo 54, legitima la adopci\u00f3n de medidas extraordinarias como el cierre temporal de la actividad empresarial. Indica su apartado tercero: \u201cLas medidas se adoptar\u00e1n previa audiencia de los interesados, <\/em>salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la poblaci\u00f3n y su duraci\u00f3n no exceder\u00e1 del tiempo exigido por la situaci\u00f3n de riesgo que las motiv\u00f3<\/u><\/em><\/strong>. Los gastos derivados de la adopci\u00f3n de medidas cautelares contempladas en el presente art\u00edculo correr\u00e1n a cargo de la persona o empresa responsable<\/u><\/em>.<\/em><\/p>\n

Las medidas que se adopten deber\u00e1n, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad<\/em>\u201d.<\/p>\n

La responsabilidad de la Administraci\u00f3n es factible, pero deber\u00e1 acreditarse su culpabilidad para que sea efectiva la reclamaci\u00f3n. El priorizar la salud como motivo del cierre de los establecimientos y negocios\u00a0 a las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas que la medida cause, ser\u00e1 sin duda un obst\u00e1culo -no insalvable- pero de peso para que puedan prosperar las reclamaciones en este \u00e1mbito.\u00a0 Efectivamente que se daban razones de riesgo inminente y extraordinario para la salud es un hecho incuestionable. Lo que se deber\u00e1 ventilar es de nuevo la gesti\u00f3n de la Administraci\u00f3n de la crisis por el coronavirus, si ese lapso de cierre pudo haberse acortado o evitado.<\/p>\n

Concluyo, si es reconocida la existencia de fuerza mayor, jur\u00eddicamente el deudor queda eximido del pago de da\u00f1os y perjuicios. Nadie responder\u00e1 de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables. El enfoque o estrategia, a mi juicio, pasar\u00e1 por demostrar que, si bien podamos estar\u00a0 ante un caso de fuerza mayor, como pueda ser una pandemia mundial, la responsabilidad s\u00ed puede nacer de c\u00f3mo se ha gestionado la misma por el Estado, tanto en su fase previa como durante su extensi\u00f3n, haciendo hincapi\u00e9 en si en su proceder contribuy\u00f3 al agravamiento del da\u00f1o. Acreditar la actuaci\u00f3n negligente de la Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la falta imputable de previsibilidad y si la inacci\u00f3n\u00a0 contribuy\u00f3 a la agravaci\u00f3n de los da\u00f1os, ser\u00e1n los aspectos nucleares\u00a0 de an\u00e1lisis\u00a0 para el \u00e9xito de las reclamaciones futuras. <\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Por Crist\u00f3bal Mora Pons<\/strong><\/p>\n

Abogado FMSB<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

\n

#fmsb #fontmorasainzdebaranda #abogados #economistas #derecho #responsabilidad #Administraci\u00f3n #Estado #da\u00f1o #da\u00f1os #perjuicios #contagio #fallecimiento #cierre #industria #comercio #servicios #faltademedios #sanitarios #estadodealarma #baleares #mallorca #menorca #ibiza #manacor #elarenal #andratx #law #lawyers #solicitors<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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