El Alto Tribunal considera que el impuesto, tal y como est\u00e1 regulado, se aplica de manera autom\u00e1tica. Por ello lo considera inconstitucional<\/strong> y ha resuelto la nulidad del mismo en todo el territorio com\u00fan cuando el inmueble se vende con p\u00e9rdidas<\/strong>.<\/p>\n Mediante la sentencia de 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional<\/strong> ha vuelto a dar la raz\u00f3n al contribuyente como ya ocurri\u00f3 en su sentencia del mes de febrero de este mismo a\u00f1o para el territorio foral de Guip\u00fazcoa y \u00c1lava.<\/p>\n En esta \u00faltima sentencia, el Alto Tribunal hace referencia al principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica <\/em>a partir del cual debe contribuirse al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos seg\u00fan la capacidad econ\u00f3mica de cada uno. Dicho principio debe regir todo el sistema impositivo espa\u00f1ol y el Tribunal considera que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) \u2013 conocido popularmente como impuesto de plusval\u00eda \u2013 vulnera el citado principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica.<\/p>\n Esto es as\u00ed porque dicho impuesto no vincula necesariamente la exigencia del tributo a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la \u201cmera titularidad del terreno durante un per\u00edodo de tiempo<\/strong>\u201d. En consecuencia con esto, el simple hecho de haber sido propietario de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado per\u00edodo de tiempo implicar\u00e1 necesariamente la obligaci\u00f3n de pagar el impuesto. El devengo del tributo se produce, por tanto, de forma autom\u00e1tica, sin tener en cuenta el hecho de que se haya producido un incremento del valor del bien e incluso se exige el pago del impuesto en el caso de que se haya producido un decremento en el valor de los terrenos. De esta forma, se impide que el ciudadano cumpla con su obligaci\u00f3n de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su capacidad econ\u00f3mica tal y como se establece en el art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.<\/p>\n Esta aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica del impuesto de plusval\u00eda ha sido la que ha motivado la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de este tributo. As\u00ed lo ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia objeto del presente art\u00edculo, si bien ha matizado que debe declararse la inconstitucionalidad y la nulidad de los art\u00edculos que regulan el impuesto \u201cs\u00f3lo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad econ\u00f3mica por inexistencia de incrementos de valor\u201d. De forma que esta declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad afecta \u00fanicamente a los art\u00edculos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.<\/p>\n Tras esta declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos del Texto refundido, el Alto Tribunal ha se\u00f1alado que a partir de la publicaci\u00f3n de la sentencia, corresponde al legislador llevar a cabo \u201clas modificaciones o adaptaciones pertinentes en el r\u00e9gimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributaci\u00f3n las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana<\/strong>\u201d.<\/p>\n De acuerdo con esta declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, una vez que la sentencia del Tribunal Constitucional se publique en el BOE, dicha resoluci\u00f3n tendr\u00e1 efectos jur\u00eddicos sobre todas aquellas ventas, herencias o donaciones de bienes inmuebles que se hayan efectuado con p\u00e9rdida de valor de los mismos. Adem\u00e1s, al tratarse de una resoluci\u00f3n de nulidad de los preceptos de una Ley, dicha resoluci\u00f3n tiene efectos ex tunc <\/em>y, por tanto, se aplicar\u00e1 de forma retroactiva<\/strong>. Ello supone que el particular que ha pagado indebidamente el impuesto de plusval\u00eda municipal, podr\u00e1 reclamar al respectivo ayuntamiento la devoluci\u00f3n de la cantidad de que se trate mediante la presentaci\u00f3n de un escrito de solicitud de rectificaci\u00f3n y devoluci\u00f3n de ingresos indebidos. En el caso de que esta solicitud no sea atendida, la persona interesada podr\u00e1 interponer el correspondiente recurso ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa.<\/p>\n \n \u00a0<\/strong><\/p>\n \n \n