El pasado mes de julio el Pleno del Tribunal Constitucional dict\u00f3 una sentencia que hizo que nos fu\u00e9ramos de vacaciones\u00a0 -todav\u00eda m\u00e1s- contentos. Ello se debe a que estim\u00f3 parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la controvertida Ley de Tasas (Ley 10\/2012 de 20 de noviembre).<\/p>\n
As\u00ed, el Tribunal Constitucional consider\u00f3 inconstitucionales y, por ende, acreedoras de nulidad las disposiciones contenidas en los art\u00edculos 7.1 y 7.2 de la referida ley, cuyo objeto era establecer la cuota fija y la cuota variable, respectivamente, a aplicar sobre la interposici\u00f3n de los diversos recursos judiciales.\u00a0\u00a0Todo ello al entender la totalidad de los magistrados que el alto importe de las cuotas establecidas en la ley era un impedimento al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (en la vertiente de permitir el acceso a la jurisdicci\u00f3n).<\/p>\n
Sin embargo,\u00a0dos\u00a0comentarios\u00a0deben realizarse\u00a0sobre la Sentencia a fin de no producir confusi\u00f3n:<\/p>\n
a) Por un lado, el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales los importes de las tasas<\/strong> por ser desproporcionados, no las tasas\u00a0en si.\u00a0Por tanto, ello no empecer\u00eda la instauraci\u00f3n de tasas judiciales con importes m\u00e1s reducidos pues el legislador puede regular el acceso a la justicia siempre que se cumplan ciertos par\u00e1metros. \u00a0En palabras del Pleno del Tribunal Constitucional:<\/p>\n „el derecho a una justicia gratuita deviene instrumental del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva [por todas, SSTC 9\/2008, de 21 de enero, FJ 2; y 10\/2008, de 21 de enero, FJ 2, as\u00ed como las que en ellas se citan]. Ahora bien, el art. 119 CE consagra un derecho de configuraci\u00f3n legal, en cuya consecuencia ha de reconocerse libertad al legislador para regular los requisitos de su otorgamiento, pudiendo \u00abmodular la gratuidad en funci\u00f3n del orden jurisdiccional afectado – penal, laboral, civil, etc…- o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, en funci\u00f3n 26 de los recursos econ\u00f3micos de los que pueda disponer en cada momento.“<\/em><\/p>\n b) En aplicaci\u00f3n de jurisprudencia constitucional el Pleno\u00a0recalca que la Sentencia dictada solamente desplegar\u00e1 efectos\u00a0pro futuro<\/strong>\u00a0al entender lo siguiente:<\/p>\n „el principio constitucional de seguridad jur\u00eddica (art\u00edculo 9.3 CE) tambi\u00e9n reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relaci\u00f3n con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde a\u00fan no haya reca\u00eddo una resoluci\u00f3n firme [SSTC 365\/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 -con cita de la anterior 54\/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161\/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104\/2013, de 25 de abril, FJ 4]. […]\u00a0<\/em>En particular, no procede ordenar la devoluci\u00f3n de las cantidades pagadas por los justiciables en relaci\u00f3n con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resoluci\u00f3n ya firme; como en aquellos procesos a\u00fan no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicci\u00f3n o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidaci\u00f3n del tributo. „<\/em><\/p>\n Finalmente interesa recordar que la Sentencia anula las tasas judiciales exigidas a Personas Jur\u00eddicas, en tanto que el legislador, mediante la aprobaci\u00f3n del\u00a0Real Decreto-ley 1\/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci\u00f3n de carga financiera y otras medidas de orden social ya eximi\u00f3 a las Personas F\u00edsicas del pago de dichas tasas.<\/p>\n