Cuentan que William  Gladstone (1809-1898), político liberal británico que ocupó varios cargos en distintos gobiernos de Su «Graciosa» Majestad, un día que asistía a una conferencia que daba Michael Faraday en la que el físico contaba sus pioneros experimentos sobre la electricidad, el entonces Ministro de Hacienda -luego Primer Ministro- se levantó y le espetó al investigador: «lo que cuenta es muy bonito, ¿pero alguna vez le encontraremos a esto una aplicación práctica?», a lo que Faraday respondió: «no se preocupe Sir, algún día podrá Ud. gravarlo con impuestos ».

Estoy convencido de que ni Faraday ni el propio Gladstone sospechaban hasta qué punto sus afirmaciones serían una auténtica premonición de la futura búsqueda por las distintas Administraciones Tributarias de nuevos hechos imponibles sobre los que generar ingresos.

Prueba de esa búsqueda es que desde Hacienda se acaba de aprobar la constitución de una Comisión de Expertos para revisar la fiscalidad medioambiental y además, con el aprovechamiento del Pisuerga, elaborar una propuesta para subir los impuestos de sociedades, patrimonio y sucesiones, a fin de «adaptarlos a los retos del siglo XXI», que supongo que debe ser básicamente pagar más.

Como no tengo claro -entre revisar la imposición medioambiental o elevar los tipos- cuál es el huevo y cuál es la gallina, les empiezo contando que ya existen a nivel estatal diferentes tributos  de carácter medioambiental como son el Impuesto sobre la energía eléctrica, el Impuesto sobre los Hidrocarburos, el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos, el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, el Impuesto sobre la extracción de gas, petróleo y condensados, los impuestos sobre vehículos o el canon de vertidos entre otros.

A eso se añade los que se van creando desde las Comunidades Autónomas, como el Canon de Saneamiento de Aguas, el Impuesto sobre estancias turísticas o «ecotasa» -que como decía el maestro, «ni es eco ni es tasa»– o el Canon por la incineración de residuos, así como determinadas tasas municipales.

El principal escollo en la creación de nuevas figuras impositivas está en la prohibición de doble imposición que recoge la Constitución, de forma que un mismo hecho no puede estar gravado por dos tributos, cuestión que se agrava en el caso de la doble imposición con respecto a los tributos municipales en los que la LOFCA amplía la prohibición a «materias que la legislación de Régimen Local reserva a las Corporaciones locales» -en otro artículo, y a raíz de las preguntas que les pueden surgir, les explicaré donde está «la ley y la trampa» en este tema-.

Baste recordar en este punto la experiencia que tuvimos en las Illes Balears con el Impuesto sobre Instalaciones que inciden en el Medioambiente, que fue declarado inconstitucional (STC 289/2000) al gravar una materia que ya era objeto de gravamen por el IBI.

En cuanto a la subida de impuestos, eso no tiene demasiado secreto ni requiere de mucha pericia, bastando con buscar un pretexto para elevar los tipos del Impuesto de Sociedades -sobre todo para grandes empresas-, del Impuesto de Patrimonio o del Impuesto de Sucesiones -este último del que se predica, con evidente error, que está vinculado a la riqueza-.

El comité de sabios estará presidido por Jesús Ruiz-Huertas, catedrático emérito de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos -no sé si juntar en un mismo cargo algunos términos y nombres es un buen augurio-, y necesitará nada menos que una cohorte de 16 expertos más.

Como decía el gran Muñoz Seca en La Venganza de Don Mendo, “¡para asaltar torreones, cuatro Quiñones son pocos! ¡¡Hacen falta más Quiñones…!!”.

Yo, en mi reconocida humildad y aprovechando que la Ministra de Hacienda me lee asiduamente cada domingo, le recordaría que para subir impuestos en momentos como el actual, con una profunda crisis derivada de la Pandemia que sufrimos, no son necesarios diecisiete expertos, basta con un par bien puesto…

Artículo original publicado en el diario digital mallorcadiario.com