Tras la comparecencia del 11 de enero para decidir las cuestiones previas al Juicio, nos qued\u00f3 claro por la exposici\u00f3n en los medios de comunicaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda, Abogac\u00eda del Estado y la propia defensa solicitaban el sobreseimiento parcial \u2013exclusi\u00f3n del Juicio-. B\u00e1sicamente, sosten\u00edan que no pod\u00eda ser juzgada la Infanta Do\u00f1a Cristina, si ni la Abogac\u00eda del Estado ni el Ministerio P\u00fablico acusaban, de ah\u00ed que la acusaci\u00f3n popular, al quedarse sola en su petici\u00f3n, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para mantener la acusaci\u00f3n contra ella.<\/p>\n
Como dec\u00edamos, los medios se hicieron eco de la llamada doctrina Bot\u00edn, aplicada al presidente del Banco Santander (ya fallecido), de la doctrina Atutxa, y del slogan de la Agencia Tributaria \u201cHacienda somos todos\u201d o \u201clo que t\u00fa defraudas lo pagamos todos\u201d, estos que ya fueron utilizados por el Juez Castro para reforzar su Auto de Apertura de Juicio Oral y continuaci\u00f3n del procedimiento manteniendo a la Infanta en calidad de acusada.<\/p>\n
Se resume la doctrina Bot\u00edn en que no se puede juzgar a una persona por determinados delitos si solo impulsa el proceso una acusaci\u00f3n popular y no la fiscal\u00eda o un afectado directo (en el caso de un delito fiscal, Hacienda). Y ello por cuanto el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (782.1) vigente en el a\u00f1o 2007 no hac\u00eda menci\u00f3n expresa a la acusaci\u00f3n popular.<\/p>\n
Por otra parte, el Tribunal Supremo en el a\u00f1o 2008, y nuevamente refrendada en el a\u00f1o 2010, a ra\u00edz del caso Atutxa, matiza que en aquellos delitos de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de car\u00e1cter metaindividual, la acusaci\u00f3n popular s\u00ed puede impulsar el proceso en solitario, esto es, s\u00ed tiene legitimaci\u00f3n activa para sostener la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Seguidamente, extractamos los argumentos principales con los que la Audiencia Provincial, Sala Primera, rechaza la petici\u00f3n efectuada por la defensa, y mantiene a la Infanta Do\u00f1a Cristina como acusada en calidad de cooperador necesario.<\/p>\n
“La acusaci\u00f3n popular representada por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias ejerce la acci\u00f3n penal frente a la misma [la infanta Cristina] como cooperadora necesaria de los delitos fiscales que atribuye a su esposo, D. Ignacio Urdangarin Liebaert. De todo ello, se colige que en el supuesto de hecho aqu\u00ed enjuiciado el Ministerio Fiscal y la Abogac\u00eda del Estado no pretenden, como ocurri\u00f3 en el caso analizado en la STS 1045\/2007 [la sentencia Bot\u00edn], el sobreseimiento libre de la causa, sino el sobreseimiento parcial concernido exclusivamente a D\u00f1a. Cristina Federica de Borb\u00f3n y Grecia”.<\/em><\/p>\n “La acci\u00f3n penal es p\u00fablica. Todos los ciudadanos podr\u00e1n ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley (…) todos los ciudadanos espa\u00f1oles, hayan sido o no ofendidos por el delito pueden querellarse, ejercitando la acci\u00f3n popular”.<\/em> La naturaleza del bien jur\u00eddico protegido por el delito contra la Hacienda P\u00fablica se configura como un delito de naturaleza pluriofensiva, difusa, colectiva o metaindividual.<\/p>\n “El Ministerio Fiscal, no obstante, integra en la narraci\u00f3n f\u00e1ctica concernida al delito que nos ocupa una serie de hechos que atribuye a D\u00f1a. Cristina Federica de Borb\u00f3n y Grecia y a D\u00f1a. Ana Mar\u00eda Tejeiro Losada (F. 32.653 y 32.654) [es la esposa de Diego Torres, el exsocio de Urdangarin], estima que la responsabilidad de ambas se circunscribe a la de part\u00edcipes a t\u00edtulo lucrativo del o los delitos atribuidos a sus esposos respectivamente, posicionamiento \u00e9ste compartido por la Abogac\u00eda del Estado”<\/em>. Ante unos mismos hechos, la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de los mismos \u2013ya sea la del Ministerio Fiscal como part\u00edcipe a t\u00edtulo lucrativo (esfera civil) o acusaci\u00f3n popular como cooperador necesario (esfera penal)- corresponde a un momento ulterior del proceso.<\/p>\n “En virtud de lo expuesto, estimamos que ni el bien jur\u00eddico protegido es en exclusiva el Erario P\u00fablico ni, en su consecuencia, que exista un \u00fanico, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda P\u00fablica Estatal. De modo que, a\u00fan siendo la Abogac\u00eda del Estado la titular del derecho al ejercicio de la acci\u00f3n en defensa de dicho organismo estatal \u2014de acuerdo con las previsiones legales establecidas\u2014, su personaci\u00f3n en el acto de juicio oral no colma, como adelant\u00e1bamos, la protecci\u00f3n total del desvalor de la acci\u00f3n”.<\/em><\/p>\n “Todo ello, permitir\u00eda considerar legitimada a la acusaci\u00f3n popular para accionar en solitario no ya y, \u00fanicamente, respecto del delito fiscal que se erige en el fundamento de la pretensi\u00f3n acusatoria postulada frente a D\u00f1a. Cristina Federica de Borb\u00f3n y Grecia, sino tambi\u00e9n respecto de los delitos que constituyen la pretensi\u00f3n acusatoria postulada frente a las restantes partes que sostienen id\u00e9ntica cuesti\u00f3n previa en los t\u00e9rminos que m\u00e1s adelante expondremos”.<\/em> 2. Una acci\u00f3n p\u00fablica para delitos pluriofensivos<\/h3>\n
3. La participaci\u00f3n de los esposos y la de ellas.<\/h3>\n
4. La Abogac\u00eda del Estado no goza de exclusividad.<\/h3>\n
5. Legitimada la acusaci\u00f3n popular<\/h3>\n