Para continuar con el prometido repaso al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, me adentro hoy en las medidas que contiene en relación al Impuesto de Patrimonio, dejando para las próximas entregas el plato fuerte del IRPF, y empezando de forma premonitoria y admonitoria con una frase que atribuyen, como muchas otras, a Winston Churchill, y en la que el político británico acuñaba que «la salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad que, además, no presagia nada bueno».

Nuestro Impuesto de Patrimonio nació en la Transición con carácter extraordinario, excepcional y transitorio -así lo definía la Ley de 1977-, y con un exclusivo objetivo censal. Esa impronta temporal desaparece 14 años después, con la Ley 19/1991, que lo incorpora a nuestro sistema tributario con vocación de permanencia, añadiendo dos supuestas razones para su implantación con carácter definitivo: una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y una redistribución de la riqueza -efectivamente, el papel lo aguanta todo-; amén de la pertinente subida de tipos.

Y con ese arte, que diría mi amigo Marcos Ybarra, pasó de ser un impuesto extraordinario a ser un Extraordinario Impuesto -más o menos como «El Increíble Hombre Menguante» (USA, 1957), pero al revés-.

Con el paso del tiempo, en el año 2008 -17 años más tarde, y ya llevamos 31-, comprobada la incapacidad de este tributo para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado -conste que no lo digo yo, lo dice la AEAT en un informe -, se suprime el gravamen, si bien no se deroga si no que se establece una bonificación del 100% sobre la cuota, lo que evidentemente y a la luz de los resultados constituyó un craso error.

En 2011, y a raíz de la crisis económica que nos asola, se revive el impuesto «aletargado», nuevamente con carácter extraordinario y solo por dos años -o al menos así se anuncia-, aunque luego se va prorrogando anualmente su vigencia hasta hoy, nada menos que 43 años después del inicio… «Veinte años no es nada» cantaba Carlos Gardel en el tango Volver, que prodigio de ingenuidad para nuestro caso.

Pues bien, el proyecto de Ley de Presupuestos establece en su artículo 66 que, con vigencia indefinida -acuérdense de lo que les dije sobre esto-, los tipos impositivos serán los que aprueben las CCAA respectivas y, en su defecto, se aplicará la nueva escala que fija el Estado, que parte del 0,3% y alcanza el 3,5% para patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Las preguntas que surgen son obvias ¿tenemos escala propia en las Illes Balears? y en ese caso, ¿es superior o inferior a la que ahora aprueba el Estado?

Pues sí, nuestra Comunidad Autónoma tiene una escala de tipos de gravamen propia, que por tanto prevalece sobre la nueva del Estado. Resta saber si es más o menos beneficiosa que la que se acaba de aprobar.

La nuestra comienza en el 0,28% y finaliza en el 3,45% para patrimonios superiores a 10,9 millones de euros, lo que, a priori, nos deja en mejor posición que el Estado. Pero como ya saben que mis artículos siempre tienen «sorpresa final», les adelanto que eso no es así. Es verdad que el tipo inicial y el final son menores, pero los intermedios son muy superiores y, así, por ejemplo, para un patrimonio de 1,3 millones el tipo del Estado es del 1,3% mientras que en las Illes Balears es casi del 1,8%, un 73% superior.

La realidad es que, de forma increíble -o no tanto-, en nuestra Comunidad se penaliza a los que tienen un Patrimonio Medio, y se favorece a los grandes patrimonios, que pagan menos.

Mi natural escepticismo no me hace albergar Esperanzas más allá de la recepción del Despacho, pero tendremos que analizar qué hace el Govern en su próxima ley de Presupuestos, en la que todavía puede enmendar la situación con una bajada de impuestos, en cuyo caso, y para terminar como empezamos con una frase del que fue Primer Ministro Británico, diré que «a menudo me he tenido que comer mis palabras, y he descubierto que eran una dieta equilibrada».

Artículo original publicado en el diario digital mallorcadiario.com