Por Jorge Sáinz de Baranda

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Inicio este artículo con el término «leyendas urbanas», una cita comúnmente utilizada para referirnos a aquellas creencias populares, transmitidas de forma oral o a través de medios de comunicación -ya saben que hoy las redes sociales juegan mucho a favor-, y que suelen tener un añadido de temor social o moraleja «aprensiva«.

Esta expresión surgió para poder diferenciarlas de las leyendas clásicas o tradicionales. Piensen, además, que no tienen necesariamente que ser mentira ni son lo mismo que un «bulo», que es una «noticia falsa propalada con algún fin» -«papá, eso es un «fake», que no te enteras», estarán diciendo mis hijos-. Es más, cuando una leyenda urbana alcanza un impacto político, social o económico relevante, entonces pasa a ser una teoría de la conspiración.

Y yo, como buen conspiranoico -acrónimo de «conspirativo» y «paranoico», como la tía Ascentonia de mi querido amigo Alejandro Calvo-, hoy voy a hablar de los famosos incentivos que se dice que dicen que recibe la inspección de Hacienda por recaudar. Y ya veremos si es un bulo, una leyenda urbana, una teoría de Bosé… o una verdad como un puño.

Debemos recordar que el hecho de que dispongamos de algo de información sobre el tema no es «casual» ni «bienintencionado», es consecuencia de un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, por el que se exige que se facilite la información sobre las normas reguladoras del “concepto de productividad” de los funcionarios de Inspección de la AEAT -Superiores y Técnicos de Hacienda-, así como los criterios para su aplicación.

Y a partir de ahí, se publican con cuentagotas algunos documentos en la web del Ministerio -o sin “ni”-, lo que ha dado lugar a un interesante informe de la citada Asociación, titulado «Reflexiones acerca de los Incentivos previstos para los Funcionarios Públicos con funciones propias de la Inspección de los Tributos», informe al que le he prestado la necesaria atención para poder escribir sobre el tema.

La primera cuestión es despejar las dudas -y no los balones, como hacen otros-, y afirmar que sí, que existen incentivos a la productividad, y que estos están en función del “grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo, y el rendimiento o resultados obtenidos”.

La segunda es ver qué criterios se toman para valorar de forma objetiva esa productividad, pues a priori todos pensamos en la posible existencia de algún componente subjetivo en una u otra dirección.

Pues bien, para poder determinar la «calidad» de una inspección se debe (i) evaluar la posibilidad de cobro directo o potencial de la liquidación, y la conflictividad que pueda derivar de la misma; (ii) evaluar la generación en el contribuyente, o en su entorno económico, personal o societario, de mejoras de su comportamiento fiscal; y (iii) evaluar la efectividad de la comprobación realizada en términos monetarios.

Y no es que lo diga yo, es que lo recoge en ese sentido la “Nota de Productividad” elaborada por Hacienda, ya ven que sencillo.

Aun así, los criterios de evaluación que capta mi subconsciente se titulan: (i) generar todas las liquidaciones posibles -sin tener en cuenta si esas liquidaciones van a ser anuladas o no por los Tribunales-, (ii) preguntar al contribuyente con cariño por su “entorno”, que siempre es agradable acordarse de la familia, y más en esos momentos, y (iii) recaudar cuanto más mejor. Evidentemente, toda esta interpretación surge de mi lado “conspiranoico” -recuerden que ya les había advertido-.

Tercera y última cuestión, ¿Qué cantidad es la asignada a esos “incentivos al rendimiento (productividad y gratificaciones)” de la Inspección? ¿Cuánto nos cuesta a los propios inspeccionados? Y ahí es donde está la gracia, por supuesto. Pero no es resiliente, es “risalenta”…

Debemos partir de la base de que, según el Informe de la AEDAF, el importe asignado a retribuciones básicas a funcionarios y altos cargos asciende a la nada despreciable cifra de 700 millones de euros anuales, y los incentivos al rendimiento estarían en torno a los 200 millones de euros adicionales, lo que representa dos cosas: más de un 25% de coste añadido sobre la retribución fijada, y un peligro evidente para el interés en recaudar de los actuarios, y no sé cuál de las dos me asusta más.

Señala acertadamente la AEDAF en sus conclusiones que «sugerir que los incentivos por productividad no pueden sesgar el comportamiento de los actuarios públicos hacia la incoación de actas por motivos recaudatorios es, o bien desconocer el impacto de los incentivos en el comportamiento humano, o bien simular desconocerlo». Y es que, como recogía Hobbes en su obra De Cive, «homo hominis lupus»…